La protesta en América Latina no está en cuarentena

Aunque parecía que la crisis del coronavirus había acallado el descontento social, la desigualdad que reina en la región persiste y la pobreza se agudiza en medio de la pandemia.

El 2019 fue un año de fuerte conflictividad social en Latinoamérica. Las protestas que ocurrieron en varios países de la región, y que parecían tener cierta continuidad este año, se vieron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la crisis social y económica que se vive en buena parte del continente motivará nuevas manifestaciones, algunas de las cuales ya se están viendo a pesar de las recomendaciones sobre mantener el aislamiento y las limitaciones al derecho de reunión. Los riesgos aumentan, sí. Pero las necesidades de la gente, en un continente signado por la pobreza y la desigualdad, no pueden esperar.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la covid-19 dejará casi 35 millones más de pobres y un aumento del desempleo de 10 % este año, cuando se producirá “la peor recesión de la historia”.

En este marco de emergencia social, económica y sanitaria, los distintos gobiernos deben tomar decisiones sobre cómo reasignar sus deteriorados presupuestos, cubrir las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, y dar apoyo a las empresas que se vieron obligadas a frenar la producción. De un lado y del otro, las autoridades reciben tironeos.

Las marchas del hambre

En Bogotá, Colombia, la gente salió a la calle desde el mes pasado a denunciar que no están recibiendo ayuda social y no pueden trabajar: “Tenemos hambre”, es un grito que se repite hasta el día de hoy.

La semana pasada, movimientos sociales de Argentina marcharon por el centro de Buenos Aires con otra consigna similar y contundente: “Con hambre no hay cuarentena”. En las villas, los barrios más humildes de la capital del país, donde el hacinamiento y la falta de recursos hace más difícil el cumplimiento de las medidas de confinamiento, los casos de coronavirus superaron los 410; y ya hubo seis muertes.

Para Agustina Gradin, licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, la situación de la pandemia expuso como nunca las desigualdades y las debilidades  de los Estados para atender urgencias que llevan años sin resolverse. “Veníamos de un 2019 de mucha protesta social pero creo que, en el marco de la pandemia, ese malestar social se reconvirtió en un proceso de organización social al interior de los barrios, donde diversas organizaciones pusieron el hombro intentando resolver el problema del hambre, en lugares donde, por la cuarentena, no es asunto sencillo de resolver”, señala Gradin a RT.

“Se puede pensar que es una respuesta positiva de la sociedad civil, pero al mismo tiempo, en su germen, lleva cierto nivel de conflictividad social, porque expone algunas dificultades en los procesos de implementación de las políticas públicas del Gobierno”, advierte la especialista.

En Chile, donde hasta marzo las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera tuvieron gran protagonismo en la vida política del país, Bomberos de todo el territorio nacional hicieron sonar sus sirenas esta semana para oponerse a un recorte de 7,86 % a los recursos aportados por el Estado.

El de los bomberos chilenos es un recurso válido y recomendable, dado el contexto, para reclamar sin enfrentar riesgos de contagio, pero no todos tienen sirenas estridentes que puedan hacerse oír a lo largo y ancho de una ciudad. Por eso, estudiantes universitarios de Ecuador, uno de los países más afectados por la pandemia en la región, salieron a marchar el martes a las calles de Quito en contra de una reducción presupuestaria. Los manifestantes usaron tapabocas y mantuvieron prudencial distancia.

El expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología Lautaro de Vedia, considera que, más allá de las razones de los reclamos, que pueden ser válidos y necesarios, una protesta presencial en la calle “aumenta considerablemente el riesgo de circulación del virus”, y cuanto más se disipa, crecen los problemas para los más vulnerables.

Por eso, sostiene, es preferible evitarlas, aún cuando se tomaran todos los recaudos, como mantener una distancia de dos metros, usar tapabocas, entre otras medidas que, considera el médico, “no son fáciles de garantizar”. “No sería responsable alentar las protestas callejeras, porque podrían multiplicar rápidamente los contagios. No solo durante la protesta misma, sino también en el traslado de las personas hacia el lugar donde se realiza”.

Según cree De Vedia, ese tipo de reclamos presenciales en las calles “deberían esperar un poquito”. Mientras tanto, recomienda buscar alternativas como las redes sociales, proyecciones de imágenes en los edificios o cacerolazos desde los domicilios.

Cacerolazos por la “libertad”

Esta última modalidad se hizo muy popular en Argentina a partir de la crisis de 2001, y hoy no distingue sectores políticos, aunque es característica de la clase media, en especial de la derecha.

La semana pasada, a partir de una curiosa campaña en las redes sociales, en algunos barrios acomodados de Buenos Aires las cacerolas sonaron contra la “liberación de presos” —en realidad, se trata de otorgamiento de prisiones domiciliarias— dispuesta por la Justicia debido al coronavirus, y para exigir el fin de la cuarentena, una demanda basada en el argumento de que, con el confinamiento, el Gobierno “comunista” de Alberto Fernández ataca las libertades individuales y destruye la economía.

A su vez, en varias ciudades de Brasil, hubo cacerolazos el mes pasado por parte de familias indignadas que exigen la renuncia del presidente Jair Bolsonaro, debido a las políticas relajadas que adoptó frente a la pandemia, y tras haber destituido al exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.  

Para la licenciada Gradin, en Argentina ese descontento apunta más bien a la administración de la economía y no tanto a las políticas sanitarias, aunque remarca que lo que ocurre en las redes suele ser “sobredimensionado”, y no se traduce en las calles. De hecho, la convocatoria a la “marcha de los barbijos” no tuvo ningún resultado.  

“De todos modos es interesante analizar cómo por un lado un sector reclama protección social, por falta de infraestructura, alimentación o por los riesgos de la violencia, problemas preexistentes que la cuarentena agrava; y por otro lado, tenemos a los sectores medios y altos reclamando mayor libertad, libertad de mercado, de movimiento. Son las clásicas miradas liberales y populistas de cómo resolver la cuestión social. Y ponen de manifiesto que el problema base es la desigualdad y la cuestión de clases”, analiza la también investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).  

Una paradójica protesta

En México, un grupo de personas manifestó el pasado 1 de abril frente a un hospital de Axochiapan, estado de Morelos, y amenazó con prender fuego el edificio si albergaban allí a pacientes con coronavirus, cuando los casos ya superaron los 27.600 y hay más de 2.700 muertes en todo el país.

Luego de la protesta, uno de los manifestantes contrajo la enfermedad y murió. “Sí, es uno de los líderes que hicieron movimiento contra el hospital de Axochiapan. Ingresó al hospital con datos de dificultad respiratoria el día sábado, se le atendió, pero desgraciadamente, falleció”, confirmó a la prensa el director general de los servicios de Salud de Morelos, Héctor Barón Olivares, según reportó El Universal.

Según la politóloga argentina, este tipo de hechos exhiben a una sociedad acostumbrada a la mirada individualista, neoliberal, de cómo resolver un problema. “El aislamiento social obligatorio en Argentina fue una medida exitosa porque buena parte de la población entendió la necesidad de aislarse, no tanto desde un punto de vista social, sino individual, por el miedo al contagio”, dice Gradin. Y propone otro ejemplo local: “Acá tenemos a los vecinos aplaudiendo a los trabajadores de la salud todos los días a las 21:00, religiosamente, y a su vez reclamando que no estén en sus edificios. Son los héroes anónimos que nos ayudan a combatir el coronavirus, pero no queremos que se nos aproximen”.

Frente a todo lo expuesto, y ya pensando en una futura “nueva normalidad”, Gradin no ve posible una reconfiguración de los modelos económicos y sociales que rigen en todo el continente: “Hay una coyuntura propicia para dar ciertas discusiones al interior de cada país sobre la matriz distributiva, pero eso no significa que vaya a haber un cambio radical del modo de producción, o una crisis estructural de la sociedad capitalista. Las desigualdades entran con más fuerza en la agenda, pero habrá que ver cómo se resuelven”.

La politóloga considera que la movilización en la calle “es una herramienta histórica” y no piensa que por los riesgos del coronavirus pueda desaparecer. “Seguramente habrá nuevas formas de protesta que tengan en cuenta la cuestión sanitaria, pero creo que será central el rol que jueguen los interlocutores —sindicatos, organizaciones sociales, feministas— y la mediación que estos generen en su discusión con los gobiernos”, sostiene.

En ese sentido, resulta preocupante para la investigadora ver cómo en Argentina, gremios importantes como el de comercio, automotrices, metalúrgicos y otros rubros acordaron con las patronales suspensiones y rebajas salariales de hasta 30 %. “Es algo que en otro contexto hubiera generado un escándalo y un proceso de movilización muy fuerte. Esto permite entender que el problema económico es muy crítico y que buena parte de los trabajadores perciben que todo podría ser mucho peor. Y aceptan resignar esa porción de sus sueldos para conservar el empleo”.  


Tomado de Cubasi


 

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